Reversión de Políticas y Confusión Administrativa
En una reciente actualización sobre la gestión de la sequía en Cataluña, el conseller David Mascort ha aclarado que las piscinas privadas en viviendas particulares no serán consideradas ‘refugios climáticos’. Esta declaración marca un cambio significativo respecto a los anuncios anteriores, donde se insinuaba la posibilidad de que cualquier piscina pudiera ser llenada si era declarada refugio climático por el ayuntamiento correspondiente.
La confusión surgió tras la propuesta inicial del Govern, que permitía la apertura de piscinas públicas y privadas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las palabras del conseller Mascort en una entrevista en Rac1 han cerrado esa posibilidad, limitando las piscinas elegibles exclusivamente a las municipales y ciertos equipamientos privados como casas de colonias o centros deportivos.
Campaña Política de Junts y Críticas al Govern
La reacción de Junts per Catalunya, liderada por Jordi Turull, ha sido de crítica abierta hacia la gestión del Govern de Pere Aragonès, acusándolos de “pasar la patata caliente” a los ayuntamientos en cuanto a la decisión de cómo manejar la sequía y la definición de refugios climáticos. En un evento en Els Banys i Palaldà, Turull ha enfatizado la falta de liderazgo y firmeza del actual Govern, utilizando la situación para potenciar su campaña política.
Este discurso se alinea con la estrategia de Junts de destacar las supuestas ineficiencias del Govern ERC, apuntando a una gestión que evita enfrentar directamente los problemas y, en su lugar, los delega a los niveles municipales, aumentando el conflicto potencial con los ciudadanos locales.
Defensa y Mantenimiento del Decreto por Parte del Govern
A pesar de las controversias y las quejas de algunas localidades, David Mascort ha defendido que el decreto fue previamente acordado con los municipios y entidades relevantes como la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya. El conseller ha sido firme en su decisión de no modificar el decreto, indicando que cualquier intento de tumbarlo afectaría la capacidad de los ayuntamientos para operar las piscinas durante el verano.
Esta postura subraya el desafío continuo en la gestión de recursos hídricos en un contexto de sequía severa, y pone de manifiesto las tensiones políticas que emergen al abordar estos problemas de infraestructura crítica en momentos de crisis climática.
