Declaración en el Parlament Catalán
El Parlament de Cataluña, dominado por una coalición de partidos nacionalistas y comuns, emitió una firme declaración de apoyo a los encausados por los disturbios del 2019, relacionados con la plataforma Tsunami Democràtic. La vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, presentó el documento durante la sesión de la Diputación Permanente, donde se pidió la retirada de las imputaciones por terrorismo, calificándolas de “persecución política”.
Esta declaración conjunta de ERC, Junts per Catalunya, CUP y En Comú Podem (parte de Sumar) subraya la importancia del “derecho a la protesta” como mecanismo para alcanzar cambios sociales y defender lo que consideran propuestas políticas legítimas, destacando especialmente el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán.
Crítica al Poder Judicial y llamado a la reforma legal
Los partidos implicados en la declaración han acusado al Poder Judicial de instigar una “nueva persecución política” contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente dirigidas hacia el movimiento independentista. Resaltan una clara oposición a cualquier equiparación entre el independentismo y el terrorismo, y denuncian la represión estatal contra el ultranacionalismo catalán.
Además, se hace un llamamiento al Gobierno y al Congreso, donde Sumar tiene representación, para promover reformas legales que impidan que la disidencia política pueda ser equiparada con actos de terrorismo. Esta solicitud busca modificar la percepción legal y social del activismo político en Cataluña, protegiendo así las manifestaciones como formas legítimas de expresión política.
Contexto histórico y repercusiones
El caso de Tsunami Democràtic se remonta a los disturbios de 2019, cuando se organizaron varias protestas en respuesta a las condenas de los líderes del procés. Estas manifestaciones, algunas de las cuales resultaron en violentos enfrentamientos y daños significativos, han sido el centro de controversias y debates sobre la libertad de expresión y la represión política en España.
El enfoque de la justicia española, especialmente a través de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, ha sido interpretado por los independentistas como un “ataque directo” al ejercicio de los derechos fundamentales. Esta situación ha escalado a un punto crítico donde la política y la legalidad se entrelazan de manera compleja, afectando no solo a los directamente implicados, sino también al tejido social y político de Cataluña y, por extensión, de toda España.
